Las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyeron e inhabilitaron 51 campamentos clandestinos de minería ilegal en menos de 48 horas, en operativos realizados en tres provincias amazónicas, informó el Ministerio de Defensa del país.
La mayor parte de las acciones se concentró en el Parque Nacional Podocarpus, en la provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú, donde fueron desmantelados 45 campamentos. Los seis restantes fueron destruidos en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Durante los operativos, los militares localizaron y desmantelaron infraestructura de extracción ilegal e incautaron maquinaria, herramientas y equipos que incluyen explosivos, radios de comunicación, sistemas satelitales, generadores eléctricos y rotomartillos. En la provincia de Orellana fueron inutilizadas retroexcavadoras, clasificadoras, motores de succión y dragas artesanales, además de confiscarse 400 galones de diésel destinados a las actividades ilícitas.
El decomiso de municiones, chalecos y uniformes militares llevó a las autoridades a concluir que las estructuras desarticuladas operaban con un alto nivel de organización.
La minería ilegal como economía criminal
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, fue directo al señalar el vínculo entre la minería ilegal y el crimen organizado: «El ‘narcoterrorismo’ tiene sus crímenes conexos. La minería ilegal es uno de ellos». Según el ministerio, estas estructuras también están relacionadas con trata de personas, extorsión y sicariato.
Los operativos se enmarcan en la estrategia del presidente Daniel Noboa, quien desde inicios de 2024 declaró la «guerra» contra las bandas criminales que operan en el país, en respuesta a la peor crisis de violencia de su historia reciente. El gobierno mantiene estados de excepción y despliegues militares para enfrentar a organizaciones dedicadas principalmente al narcotráfico y, en los últimos años, también a la minería ilegal en territorios protegidos.
