Durante su intervención ante el plenario de la cumbre climática COP31, celebrada en la ciudad turca de Antalya, la presidenta Delcy Rodríguez anunció la creación del plan «Venezuela vive», una iniciativa diseñada para coordinar y unificar las políticas de protección ambiental y acción climática en la nación sudamericana.
«Venezuela vive, un país, una naturaleza, un futuro. Porque proteger la naturaleza es proteger la vida. O actuamos todos juntos o la vida se apaga», expresó la mandataria. Según detalló, el programa busca «articular los planes, programas y esfuerzos que permitan proteger nuestros bosques, aguas y océanos, la biodiversidad y la acción climática».
Impacto climático y balance de carbono
Rodríguez advirtió que, pese a poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, el territorio venezolano sufre con creciente severidad los embates del calentamiento global. En ese sentido, alertó sobre el retroceso de los glaciares nacionales y la llegada del fenómeno climático denominado «Súper Niño», al que calificó como el evento más intenso registrado en más de siete décadas. «Lo que decidamos en esta década lo pagarán o lo agradecerán nuestros hijos», subrayó.
En cuanto al balance ambiental del país, la jefa de Estado precisó que Venezuela genera apenas el 0,39 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, mientras que sus ecosistemas absorben 1,8 toneladas de carbono por cada tonelada emitida. «Somos un país carbono neutro donde nuestra capacidad natural de absorción supera ampliamente a nuestras emisiones», afirmó.
Desarrollo energético y llamado al financiamiento internacional
Durante su discurso, Rodríguez defendió el derecho soberano de Venezuela a aprovechar de forma responsable sus recursos petroleros, a los que definió como el «gran motor para el desarrollo nacional». Sostuvo que no existe una contradicción entre el crecimiento energético y la conservación ecológica, planteando la necesidad de resolver lo que denominó un «trilema energético» mundial: garantizar la seguridad del suministro, mantener precios asequibles para el desarrollo y asegurar la sostenibilidad ambiental.
«Una transición justa no apaga economías, las transforma», enfatizó, advirtiendo que el proceso de descarbonización no debe profundizar la pobreza energética ni perjudicar a las poblaciones más vulnerables.
Finalmente, tras respaldar las medidas de mitigación, adaptación y compensación por pérdidas y daños, la mandataria exhortó a las naciones desarrolladas a honrar sus compromisos de transferencia tecnológica y financiamiento climático. Señaló que los países en desarrollo requieren 310.000 millones de dólares anuales para adaptarse al cambio climático, pero reciben menos de 26.000 millones. «Esa brecha también es una emergencia», concluyó.
