El diputado Jorge Arreaza , presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, presentó este jueves un balance detallado sobre el alcance de esta medida legal. Según el informe, se han concretado 7.727 excarcelaciones totales , lo que representa un avance significativo en el procesamiento de las 12.557 solicitudes recibidas por los tribunales de la República.
Arreaza explicó que, tras una depuración técnica de los datos, se identifican 2.831 solicitudes duplicadas, dejando un universo de 9.726 casos válidos . De este grupo, la gran mayoría corresponde a personas que ya gozaban de medidas cautelares y que ahora han recibido el sobreseimiento de su causa , quedando exentas de toda responsabilidad penal.
Desglose de las medidas judiciales y exclusiones
El proceso de revisión ha sido riguroso en la aplicación del artículo 9 de la Ley, el cual excluye explícitamente delitos graves. El diputado precisó que 1.460 solicitudes fueron rechazadas tras comprobarse la implicación de los sujetos en violaciones de derechos humanos, corrupción, narcotráfico u homicidios.
Estadísticas clave del proceso
- Liberaciones totales concedidas: 7.727 ciudadanos.
- Cambio de estatus (Cautelares a Libertad Plena): 7.474 personas.
- Excarcelaciones directas (Privados de libertad): 253 personas.
- Casos bajo estudio actual: 539 solicitudes.
- Alternativas al encarcelamiento: 116 personas (que no cumplían requisitos de amnistía pero recibían beneficios procesales).
Cooperación con ONG y casos internacionales
La Comisión destacó su disposición al diálogo con diversas organizaciones no gubernamentales. Arreaza hizo mención específica a la ONG Foro Penal , señalando que sus registros muestran 82 nombres de personas ya liberadas y 42 procesadas por delitos comunes que aún figuran en sus listas como «presos políticos», instando a la actualización de dichas cifras para reflejar la realidad jurídica actual.
Asimismo, se informó que la ley ha extendido su brazo a venezolanos en el exterior, procesando casos a través de representantes legales autorizados bajo el Código Orgánico de Procedimiento Penal (COPP) .
