El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sacudió el panorama político internacional al anunciar categóricamente que no reconocerá los resultados preliminares del preconteo emitidos por la Registraduría Nacional tras la primera vuelta presidencial. El mandatario denunció presuntas alteraciones de última hora en el software de votación, así como la inclusión de cientos de miles de votantes que no forman parte del censo electoral oficial.
A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado argumentó que los datos difundidos carecen de fuerza vinculante y validez legal. «Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista», aseveró de manera tajante Petro, cuestionando la transparencia de la empresa encargada de procesar los datos de los comicios hacia la Casa de Nariño.
Denuncias de algoritmos alterados y censo paralelo
El mandatario colombiano fundamentó sus acusaciones señalando que las reglas y fórmulas del sistema técnico fueron manipuladas en los días previos a la jornada dominical. Según Petro, los algoritmos del software de conteo y escrutinios sufrieron variaciones en tres oportunidades durante la última semana, agregando al sistema unas 800.000 cédulas de personas ausentes en el censo oficial.
Debido a esto, el presidente alertó sobre la coexistencia de dos censos paralelos: el registrado por el Estado y el de la firma privada contratada. Asimismo, enfatizó que las impugnaciones presentadas formalmente en diversas mesas de votación demuestran que centenares de miles de votos se sumaron sin la existencia real de sufragantes en las urnas.
Escrutinio judicial como única vía legal
Ante este escenario de incertidumbre, Gustavo Petro aclaró que la única instancia legal cuyos dictámenes validará serán las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República de Colombia. De esta manera, el Ejecutivo trasladó toda la legitimidad de la contienda al escrutinio formal y definitivo del Poder Judicial.
Cabe destacar que, tras ejercer su derecho al voto en horas de la mañana, el jefe de Estado ya había manifestado su profunda preocupación por el sistema de conteo. En ese momento, exigió al registrador nacional, Hernán Penagos, que el software electoral sea propiedad exclusiva del Estado, en cumplimiento de una sentencia dictada por el Consejo de Estado en 2018, reiterando su desacuerdo con que el destino democrático de la nación dependa de una corporación privada que no se deja auditar.
