un mensaje dirigido a la nación este jueves, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció el inicio de una gran consulta nacional orientada a reformar el sistema de justicia penal en Venezuela. Según precisó la mandataria, el objetivo de esta iniciativa es avanzar hacia un modelo procesal más transparente, humano e imparcial, que permita erradicar la corrupción, reducir el retardo en los tribunales y frenar la criminalización de la pobreza.
Durante su intervención, la jefa de Estado recordó que desde principios de año se venía impulsando una transformación institucional para restaurar la confianza ciudadana. En ese contexto, destacó la promulgación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional tras su aprobación unánime en febrero, medida que ha beneficiado a cerca de 9.000 personas y ha posibilitado la liberación de más de mil ciudadanos al dar por concluidos diversos procesos penales vinculados a la conflictividad política.
Ajustes a la Ley Contra el Odio y garantías procesales
Rodríguez admitió que la Ley Contra el Odio la aplicaron de manera abusiva en el pasado, por lo cual solicitó su modificación legal con el fin de suprimir las sanciones penales y reorientar el texto hacia un enfoque formativo. Tras la presentación de la propuesta de reforma por el Parlamento y el aval de constitucionalidad emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dará paso a una fase de debates. Una vez promulgada la norma modificada, el poder judicial procederá a revisar los expedientes de quienes fueron procesados bajo dicho marco normativo.
En materia de garantías ciudadanas y orden público, la mandataria instruyó a los cuerpos de seguridad del Estado a abstenerse de realizar aprehensiones sin una orden judicial previa, reservando dichas actuaciones exclusivamente para las situaciones de flagrancia. Asimismo, ratificó que la protesta pacífica constituye un derecho constitucional, subrayando que su ejercicio debe mantener el respeto a la integridad física y moral de los efectivos policiales y militares.
Finalmente, el Ejecutivo ratificó su compromiso con la participación democrática y el fortalecimiento institucional interno de las organizaciones políticas, reiterando que la soberanía nacional no es negociable.
