Las principales refinerías de Venezuela enfrentan un profundo deterioro tras años de falta de inversión, fallas operativas y escaso mantenimiento. Expertos consultados por la agencia Reuters estiman que se requieren al menos 20.000 millones de dólares para restablecer plenamente la capacidad de refinación del país.
Aunque el doble terremoto registrado el 24 de junio no ocasionó daños estructurales mayores en las instalaciones, los analistas advierten que la emergencia podría retrasar aún más la recuperación del sector. Esto ocurre debido a que el Gobierno nacional ha concentrado sus recursos en las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.
Un panorama de infraestructura envejecida
Durante un recorrido previo a los sismos por el Centro de Refinación Paraguaná —integrado por las refinerías de Amuay y Cardón— y otras plantas del país, se constató un escenario de equipos deteriorados.
- Refinería de Amuay: Trabajadores calificaron las instalaciones como «feas y oxidadas». Denunciaron que las fosas de desechos están casi llenas y existen filtraciones continuas en tuberías y estaciones de válvulas.
- Refinería El Palito: Permaneció paralizada unas dos semanas tras una falla eléctrica provocada por los sismos. Reanudó operaciones a mediados de julio, pero se detendrá nuevamente para un mantenimiento mayor.
- Refinería de Puerto La Cruz: Solo ha recibido trabajos menores para mantener operativas unidades específicas.
Desafíos económicos y nuevas normativas
El analista energético Oswaldo Felizzola señaló que la prioridad actual del país es atender la emergencia tras los sismos, por lo que las inversiones a gran escala en refinación se postergarían hasta 2027 o después. Actualmente, el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en elevar la producción de crudo, la cual ha subido a 1,2 millones de barriles diarios frente a los menos de 800.000 de comienzos de año.
Por otro lado, a pesar de que una reforma legal reciente permite que empresas privadas operen refinerías y comercialicen combustibles, los expertos consideran que el esquema actual carece de incentivos atractivos. Factores como los altos costos de rehabilitación, los bajos precios internos y la aplicación de un impuesto de hasta el 5% sobre los ingresos brutos frenan el interés de las multinacionales.
