El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) ha puesto en marcha un riguroso proceso de ingeniería forense con el objetivo de esclarecer las causas determinantes de las fallas estructurales registradas tras los movimientos telúricos del pasado 24 de junio. La iniciativa contempla un protocolo técnico integral que abarca análisis de laboratorio, ensayos destructivos y no destructivos de materiales, así como estudios geológicos avanzados.
Félix Ojeda Oropeza, presidente de la Asamblea Nacional de Representantes del gremio, enfatizó la necesidad de mantener la prudencia científica. El especialista advirtió que resulta prematuro e irresponsable atribuir el colapso de las edificaciones a un factor único sin antes concluir las investigaciones técnicas pertinentes. Actualmente, las inspecciones se concentran en complejos habitacionales específicos, tales como los desarrollos OPP 26 y OPP 27, ubicados en el estado La Guaira, donde los equipos especializados evalúan el comportamiento de los materiales tras las inspecciones visuales preliminares.
No obstante, el gremio indicó que la capacidad operativa de los laboratorios universitarios y técnicos se encuentra operando bajo una alta presión debido al volumen masivo de muestras procesadas a raíz de la emergencia, lo que demanda un examen metódico para garantizar la fiabilidad de los resultados.
Despliegue técnico y magnitud del sismo
Para hacer frente a la contingencia, más de 2.500 profesionales, entre ingenieros civiles, arquitectos y estudiantes avanzados, fueron capacitados en un lapso de quince días bajo estándares internacionales de evaluación de daños y habitabilidad. Las brigadas voluntarias desplegaron operativos de inspección exhaustivos en el Área Metropolitana de Caracas, el municipio Sucre y el estado La Guaira, implementando un sistema de codificación por colores: verde para estructuras seguras, amarilla para uso restringido y roja para edificaciones con alto riesgo de habitabilidad.
Asimismo, Ojeda recordó la complejidad sismológica del evento del 24 de junio, caracterizado por un sismo inicial localizado entre los estados Yaracuy y Lara, seguido 39 segundos después por un segundo evento telúrico con epicentro frente a las costas de Catia La Mar. Según el CIV, la adecuada calidad constructiva y el rigor en la formación de los profesionales nacionales fueron factores determinantes para que miles de infraestructuras resistieran los embates, evitando de este modo un colapso generalizado a gran escala.
Estas acciones técnicas se desarrollan en paralelo a las labores de recuperación nacional impulsadas por las autoridades. De acuerdo con el balance oficial emitido el pasado 24 de agosto por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la emergencia dejó un saldo de 6.509 fallecidos y 226.696 personas atendidas en la red hospitalaria del país.
