Un grupo de familiares de privadas de libertad por motivos políticos, en compañía de integrantes de diversas organizaciones civiles, protagonizó una protesta frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en Caracas. La manifestación tuvo como objetivo principal visibilizar y denunciar presuntas violaciones de derechos humanos dentro de los centros de reclusión del país.
Luego de la concentración, una comisión de manifestantes logró ingresar a las instalaciones y fue recibida directamente por la ministra Yelitze Santaella. Durante el encuentro, los portavoces entregaron un documento formal que recopila testimonios sobre las precarias condiciones de reclusión y expone casos de «desnudez forzada, tratos degradantes y violencia sexual» contra las mujeres detenidas.
Cuestionamientos a la respuesta oficial y exigencias
Evelyn Pinto, integrante de la organización Mujeres en la Política, criticó la postura de las autoridades durante la reunión. Según la activista, la ministra Santaella objetó parte de las acusaciones afirmando que “quieren poner a todo el mundo como presas políticas”, además de centrar sus interrogantes en el estatus judicial de las detenidas en lugar de abordar las denuncias de abusos físicos y psicológicos.
Por otra parte, las manifestantes señalaron que algunos funcionarios alegaron desconocer la realidad interna de los centros de votación y calabozos policiales. Ante esto, las organizaciones civiles recordaron que estas irregularidades han sido documentadas y consignadas formalmente ante distintas instancias del Estado de manera sistemática durante años.
Crisis sanitaria y «pobreza menstrual» en las cárceles
Además de los maltratos físicos, los familiares hicieron especial énfasis en la crisis humanitaria que se vive dentro de los internados judiciales femeninos. Entre las principales carencias reportadas destacan:
- Severas limitaciones en el acceso a productos de higiene básica.
- Escasez crónica de agua potable en las celdas.
- Casos generalizados de «pobreza menstrual» por falta de toallas sanitarias.
Finalmente, las organizaciones exigieron al Ministerio de la Mujer que asuma un rol activo e impulse una investigación independiente, exhaustiva e imparcial. Los familiares insistieron en que se deben adoptar medidas concretas inmediatas para evitar que el documento entregado quede archivado sin generar soluciones reales.
