La Asamblea Nacional conformó oficialmente el Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar a los candidatos que aspiran a ocupar 20 de las 32 magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Giuseppe Alessandrello, presidente del comité parlamentario, informó que el grupo —integrado por 11 diputados y 10 ciudadanos de la sociedad civil— designará a los sustitutos de ocho magistrados jubilados y a los ocupantes de 12 nuevas vacantes creadas tras la reciente reforma de la Ley Orgánica del TSJ.
El proceso de postulaciones se publicará en Gaceta Oficial este viernes 22 de mayo, abriendo un lapso de recepción de credenciales de 15 días continuos. El cronograma completo, que incluye fases críticas de impugnación y descargo, tomará aproximadamente 45 días antes de que la lista definitiva de elegibles sea presentada ante la plenaria del Parlamento para su votación final. Los nuevos nombramientos generan gran expectativa entre los gremios de abogados y la opinión pública en el estado Zulia y todo el territorio nacional.
El impacto de la reforma en la estructura del TSJ
El Poder Legislativo aprobó por unanimidad la reforma parcial de la ley que rige al máximo tribunal del país, expandiendo el número total de miembros de 20 a 32 magistrados. Bajo el nuevo esquema, la Sala Constitucional pasará a estar integrada por siete juristas, mientras que las cinco salas restantes (Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social) contarán con cinco integrantes cada una. La reestructuración también contempla la designación inmediata de un nuevo inspector general de tribunales y del director de la Escuela de la Magistratura.
Debate político sobre la eficiencia judicial
A pesar de que la ley sumó el respaldo de todas las facciones parlamentarias, diputados de la bancada opositora Libertad manifestaron sus reservas de forma pública. Los legisladores advirtieron que el simple incremento en el número de sillas en el TSJ no solucionará de manera automática los retrasos procesales ni las fallas estructurales que afectan al sistema judicial venezolano. Juristas y defensores de derechos humanos en regiones clave como Maracaibo y San Francisco se mantienen atentos al desarrollo de las evaluaciones para garantizar la transparencia del proceso.
