El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer una propuesta reglamentaria en el marco de la Ley Integral de Seguridad Nacional para las Inversiones en el Extranjero de 2025 (Ley COINS, por sus siglas en inglés). La normativa busca ejercer mayor control y limitar los flujos de capital estadounidense dirigidos hacia sectores tecnológicos estratégicos en naciones como China, Rusia, Cuba, Irán y Corea del Norte.
Dentro de esta actualización del marco regulatorio, la administración norteamericana confirmó oficialmente la salida de Venezuela de la lista de jurisdicciones bajo vigilancia especial. De acuerdo con las autoridades financieras, este viraje responde a la transformación del panorama político tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la consolidación de la transición institucional liderada por el ejecutivo de Delcy Rodríguez.
Voceros del Tesoro indicaron que la directiva contemplaba inicialmente al territorio venezolano mientras permaneciera bajo el régimen anterior; sin embargo, tras el cambio en la conducción política, las restricciones para dicho país quedaron sin efecto operativo.
«El propósito del programa de inversiones en el exterior radica en garantizar la capacidad del Estado para supervisar y, de ser necesario, prohibir transacciones que pongan en riesgo la seguridad nacional. No se trata únicamente del capital, sino de la infraestructura de redes y las cadenas de suministro», afirmó Chris Pilkerton, subsecretario del Tesoro para asuntos de seguridad de inversión.
Alcance regulatorio de la Ley COINS
El borrador de la normativa estará sujeto a consulta pública hasta el próximo 7 de diciembre e introduce estrictos parámetros para el mercado de capitales. En concreto, la legislación exige notificación previa o la prohibición absoluta de inversiones privadas en áreas clave como:
- Semiconductores avanzados y supercomputación
- Inteligencia artificial y tecnologías cuánticas
- Sistemas hipersónicos y biotecnología
En el caso de los desarrollos vinculados a la inteligencia artificial, las operaciones hacia los países bajo veto quedan totalmente restringidas debido al impacto potencial en defensa y seguridad global.
No obstante, el reglamento prevé excepciones dirigidas a flexibilizar la dinámica comercial habitual. Quedarán exentas de estas barreras las transacciones en empresas cotizadas en bolsa, los montos inferiores a 50.000 dólares y las licencias farmacéuticas recurrentes entre corporaciones multinacionales.
