Cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos tras las denuncias sobre un presunto allanamiento ilegal, actos de extorsión y la detención de decenas de personas en un local de entretenimiento frecuentado por la comunidad LGTBI en Barquisimeto, estado Lara.
El Ministerio Público informó que abrió una investigación penal y que los uniformados fueron puestos a la orden de la Fiscalía luego de que la propia PNB activara sus mecanismos internos de control. Según el organismo, los funcionarios serán presentados ante un tribunal de control en las próximas horas.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía 21 de Lara y de la Fiscalía 98 Nacional, especializada en protección de derechos humanos y diversidad de género. Las autoridades buscan determinar responsabilidades por el presunto allanamiento y otros actos que podrían constituir violaciones a la ley y a los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que brindará acompañamiento a las víctimas y que coordina acciones con el Ministerio Público y la PNB para atender las denuncias. Además, informó que mantiene contacto con la Oficina de Atención a la Víctima de Abuso Policial para dar seguimiento al caso.
ONG denuncian discriminación y abusos
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos denunciaron que durante el operativo fueron detenidos al menos 33 hombres y que algunos funcionarios, presuntamente vestidos de civil, habrían realizado comentarios discriminatorios contra los presentes.
Las organizaciones aseguraron que las víctimas relataron haber sido acusadas de “ejercer el delito de la homosexualidad”, una afirmación que generó preocupación entre defensores de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual. También denunciaron supuestos actos de extorsión y exposición pública de la orientación sexual de algunas personas detenidas.
En un comunicado conjunto, las ONG calificaron el hecho como una vulneración de derechos y exigieron una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.
Antecedentes y preocupación por derechos humanos
El activista Romario Sánchez, integrante del Movimiento Somos, señaló que desde 2020 se han registrado al menos ocho operativos similares en locales frecuentados por personas LGTBI en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Mérida, hechos que calificó como posibles incidentes motivados por prejuicios y discriminación.
Este caso revive el debate sobre la protección de los derechos de la comunidad LGTBI en Venezuela. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por denuncias de abusos de autoridad y acciones arbitrarias contra personas de este colectivo, e instó al Estado venezolano a evitar cualquier forma de criminalización basada en orientación sexual o identidad de género.
Este contenido ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado, verificado y editado por el equipo de Observador Zuliano.
