La madrugada de este jueves 22 de octubre, las autoridades ecuatorianas detuvieron a la excandidata a la presidencia y dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, según confirmaron fuentes policiales e informaron voceros de su organización política.
El anuncio fue realizado inicialmente por el expresidente Rafael Correa a través de su cuenta en la red social X, donde denunció la captura de la principal figura opositora al gobierno del actual mandatario, Daniel Noboa. De acuerdo con reportes policiales citados por el portal Primicias, la detención se llevó a cabo en la parroquia Canuto, cantón Chone (provincia de Manabí), por parte de agentes de una unidad de investigación proveniente de Quito. Las autoridades vinculan a la dirigente política con una supuesta trama de delincuencia organizada.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó en redes sociales que durante la madrugada se ejecutaron operativos en las provincias de Pichincha y Manabí, los cuales dejaron un saldo de tres personas aprehendidas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. No obstante, el organismo no precisó de manera explícita si González figura entre las personas procesadas en esa causa particular.
Tensiones políticas previas
La aprehensión de la también exasambleísta ocurre en un contexto de alta fricción política. El mes pasado, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le impidió continuar con su proceso de candidatura en la provincia de Manabí, decisión que la abogada calificó en sus redes como una maniobra antidemocrática. En sus declaraciones, González sostuvo que la medida respondía al temor del Ejecutivo de medirse en las urnas y apeló al respaldo popular para mantener su causa política.
En las semanas previas a su detención, González mantuvo una postura crítica frente a la gestión de Noboa. Entre sus sealamientos públicos, cuestionó la propuesta gubernamental de reducir el alumbrado público como medida de ahorro energético —advirtiendo sobre el impacto en la seguridad ciudadana— y denunció desabastecimiento de combustible en estaciones de servicio de Quito.
Asimismo, la dirigenta opositora criticó el presunto uso de fondos públicos para campañas de propaganda digital y cuestionó alianzas geopolíticas regionales, sefialando la existencia de estrategias de injerencia política contra movimientos de izquierda en América Latina.
Las autoridades judiciales y gubernamentales aún no han ofrecido una rueda de prensa formal para aclarar el estatus jurídico definitivo de la excandidata ni los detalles específicos de los cargos imputados.
