Cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) resultaron detenidos luego que los denunciaran por ejecutar un allanamiento ilegal, robos, agresiones verbales y actos de extorsión contra al menos 33 hombres. El procedimiento irregular ocurrió el pasado sábado en un sauna de entretenimiento dirigido a la comunidad LGBTIQ+ en Barquisimeto, capital del estado Lara.
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, los agentes policiales ingresaron al establecimiento comercial vestidos de civil y procedieron a amedrentar a los presentes, acusándolos falsamente de «ejercer el delito de la homosexualidad». Los ciudadanos afectados quedaron retenidos de manera arbitraria y posteriormente puestos en libertad tras ser obligados a transferir una suma de dinero en divisas a través de una cuenta de la plataforma digital Zelle.
Activación de los mecanismos de control interno
Ante el impacto público y las denuncias formales promovidas por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos, la comandancia general de la PNB activó de forma inmediata sus órganos de control disciplinario interno. La institución policial confirmó la captura preventiva de cinco de los uniformados implicados, poniéndolos bajo la custodia de los tribunales competentes.
Pese al arresto de estos primeros sospechosos, los representantes legales de las víctimas señalaron que aún falta por esclarecer la cantidad exacta de funcionarios activos que participaron en el asalto y los vejámenes dentro del local de esparcimiento.
Designación de fiscalías con competencia nacional
Por su parte, el Ministerio Público designó a la Fiscalía 21 del estado Lara en conjunto con la Fiscalía 98 Nacional para coordinar las averiguaciones del caso. Ambas instancias judiciales cuentan con competencias específicas en materia de protección de los derechos humanos en Venezuela y diversidad de género, enfocando el proceso penal bajo los presuntos delitos de allanamiento ilegal, extorsión y actuaciones contrarias a la ética pública.
La Fiscalía General de la República ratificó, a través de un comunicado oficial, su compromiso de velar por el respeto irrestricto de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, rechazando cualquier tipo de discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género en las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado.
