El estado de Florida marcó un precedente legal este lunes al presentar una demanda formal contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman. La acción judicial alega que la compañía tecnológica es plenamente consciente de que su herramienta de Inteligencia Artificial, ChatGPT, representa un riesgo latente para el público, especialmente para los menores de edad. Con este movimiento, Florida se posiciona como el primer estado norteamericano en llevar a la empresa de IA a los tribunales por la seguridad de sus productos.
Acusaciones de negligencia y falta de control parental
James Uthmeier, fiscal general de Florida, lideró el anuncio en una conferencia de prensa donde acusó a los directivos de OpenAI de priorizar los beneficios económicos por encima de la seguridad pública. La demanda, introducida en el décimo circuito del estado, señala a la empresa por prácticas comerciales engañosas, negligencia y violaciones a las leyes de responsabilidad por productos, buscando incluso una responsabilidad civil y financiera de miles de millones de dólares.
El documento legal enfatiza la preocupante ausencia de mecanismos de control parental en la versión gratuita de ChatGPT. Según la fiscalía, la plataforma carece de sistemas eficaces de verificación de edad y no obliga a que las cuentas de los menores estén vinculadas o supervisadas de manera transparente por sus representantes legales.
El detonante: Vínculos con un tiroteo masivo
Este proceso civil es el resultado de una investigación penal que comenzó en abril, tras un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida ocurrido el año pasado. Las investigaciones preliminares revelaron que el atacante mantuvo interacciones continuas con ChatGPT días antes del suceso, realizando consultas explícitas sobre el uso de armas y la ejecución de tiroteos en el campus.
Por su parte, portavoces de OpenAI lamentaron la tragedia en declaraciones previas, pero rechazaron categóricamente cualquier responsabilidad legal, argumentando que el chatbot solo ofrece información pública y que sus directrices prohíben estrictamente alentar o promover conductas violentas.
