Una familia venezolana de cinco integrantes necesitó $761,35 durante el mes de septiembre para cubrir únicamente sus gastos básicos de alimentación. La cifra representa un incremento del 0,79% en divisas en comparación con agosto, cuando la canasta se valoró en $755,36, según el más reciente informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
De acuerdo con el reporte difundido por la organización, el salario mínimo legal mensual —equivalente a centavos de dólar— apenas permite cubrir el 0,02% del costo total de esta canasta, la cual está integrada por 60 productos esenciales. Ante la brecha entre los ingresos y el costo de vida, el Cendas-FVM estimó que se requerirían unos 4.860 salarios mínimos al mes para garantizar la subsistencia alimentaria de un hogar promedio.
El informe añade que, al incorporar gastos indispensables como el consumo de agua potable embotellada, el presupuesto familiar suma $13,49 adicionales, calculados a la tasa de cambio oficial fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Presión sindical por mejoras salariales
En los últimos años, el Gobierno venezolano ha concentrado su política salarial en la asignación de dos bonificaciones para los trabajadores del sector público. Estos pagos equivalen actualmente a $240 depositados en bolívares a la tasa del BCV, pero carecen de incidencia en los beneficios laborales y prestaciones sociales.
Esta situación ha motivado constantes protestas por parte de gremios educacionales, líderes sindicales y organizaciones no gubernamentales, quienes exigen la restitución y actualización del salario mínimo de ley, referente sobre el cual se estructuran las tablas salariales de la administración pública.
En este contexto, representantes sindicales entregaron una serie de exigencias ante las autoridades gubernamentales. Entre las principales demandas destaca que el pago de las bonificaciones de fin de año se calcule con base en el ingreso integral mensual que incluye las compensaciones activas. Asimismo, solicitaron el desembolso inmediato del bono de responsabilidad profesional para el personal obrero y técnico del sector salud y educación, junto con la reapertura de las mesas de negociación para discutir las escalas de sueldo vigentes.
