Asamblea Nacional propone revisar tarifas de estacionamientos por denuncias de cobros excesivos

Asamblea Nacional propone revisar tarifas de estacionamientos por denuncias de cobros excesivos

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, planteó revisar las tarifas de los estacionamientos privados en Venezuela tras múltiples denuncias de usuarios por cobros considerados excesivos.

Durante una sesión parlamentaria el 24 de marzo, el diputado solicitó a la Comisión de Administración y Servicios coordinar acciones con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), con el fin de supervisar el servicio y corregir posibles irregularidades.

“Hemos recibido denuncias o hemos sido víctimas del cobro desmesurado de tarifas en estacionamientos privados (…) hay centros comerciales que cobran tarifas planas de 3, 5, 6 u 8 dólares”, afirmó Infante.

¿Qué dice la ley sobre las tarifas?

En Venezuela, el marco legal establece que los servicios de estacionamiento deben regirse por tarifas aprobadas por la autoridad competente. El reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre indica que los operadores están obligados a exhibir los precios de forma visible y ajustarse a lo autorizado. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre tiene competencias para fijar tarifas en servicios de guarda y custodia de vehículos bajo ciertos supuestos. 

Sin embargo, en la práctica, muchos estacionamientos —especialmente en centros comerciales— son operados por concesionarios privados, lo que influye en la variación de precios. 

Tarifas actuales y quejas de usuarios

De acuerdo con reportes recientes, en ciudades como Caracas los precios pueden variar entre 2,5 y 10 dólares o su equivalente en bolívares, dependiendo del tipo de estacionamiento y sus condiciones.

También se han denunciado cobros elevados por pérdida de tickets, que en algunos casos alcanzan los 25 dólares para retirar el vehículo.

Ante esta situación, el parlamentario planteó la necesidad de establecer mecanismos de control que protejan a los usuarios frente a tarifas consideradas desproporcionadas.

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