Tres décadas después del derribo de dos avionetas de la organización humanitaria «Hermanos al Rescate», la justicia estadounidense podría procesar penalmente al expresidente cubano Raúl Castro. Cuatro legisladores de los Estados Unidos solicitaron formalmente al presidente Donald Trump reabrir el caso y procesar a Castro, señalándolo como el responsable directo de ordenar el ataque que cobró la vida de cuatro tripulantes el 24 de febrero de 1996.
El incidente, que ocurrió en aguas internacionales del estrecho de Florida, involucró a cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana que destruyeron las aeronaves civiles y desarmadas. En aquel entonces, el Congreso estadounidense determinó que la misión de patrullaje —dedicada a rescatar balseros cubanos— no representaba ninguna amenaza militar, calificando el hecho como un «asesinato a sangre fría» de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente.
La petición formal, enviada el 13 de febrero de 2026, la firmaron representantes republicanos de Florida Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, junto a Nicole Malliotakis de Nueva York. La presión legislativa coincide con una reciente y sorpresiva visita a La Habana por parte del director de la CIA, John Ratcliffe, quien entregó un mensaje directo de la administración Trump a altos funcionarios de la isla y a Guillermo «Raulito» Rodríguez Castro, nieto del exdictador.
Esta ofensiva jurídica y diplomática contra el régimen cubano se produce apenas un mes después de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro. El gobierno estadounidense ha intensificado la presión sobre el Caribe mediante un estricto bloqueo petrolero que mantiene a Cuba en una severa crisis energética, mientras la Casa Blanca advierte que la isla caribeña es el próximo objetivo en su estrategia de presión regional.
