La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha blindado jurídicamente la nueva Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, tras declarar la constitucionalidad de su carácter orgánico. Esta sentencia, publicada el pasado 27 de marzo, confirma que el instrumento sancionado por la Asamblea Nacional (AN) cumple con todos los extremos legales para su plena vigencia.
¿Cuál es el objetivo de esta Ley?
El núcleo de la norma, establecido en su artículo 1, busca edificar una estructura legal que obligue a la Administración Pública a ser ágil y eficaz. Los puntos neurálgicos de su aplicación son:
- Reducción de plazos: Minimizar drásticamente los tiempos de espera en las solicitudes ciudadanas.
- Simplificación operativa: Eliminar trámites innecesarios y pasos burocráticos redundantes.
- Optimización de recursos: Maximizar el uso de los activos del Estado para ofrecer un servicio de alta calidad.
Un correctivo contra la «Burocracia Histórica»
Los magistrados de la Sala Constitucional destacaron que esta legislación no es solo un trámite administrativo, sino una respuesta estructural a problemas de larga data:
«La ley actúa como un correctivo necesario frente a la excesiva burocratización y la dilación indebida que, históricamente, han vulnerado los derechos fundamentales de los venezolanos».
Impacto en la Gestión Pública
Con este fallo, el TSJ despeja el camino para la aplicación inmediata de la ley. La sentencia subraya que la eficiencia administrativa es una garantía para el goce de los derechos de la población, promoviendo una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos basada en la prontitud y la transparencia.
Con esta medida, se espera transformar la operatividad de los entes públicos, combatiendo la ineficiencia y garantizando que el servicio al público sea, finalmente, oportuno y de calidad.
