La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) selló una nueva hoja de ruta política desde Centroamérica, con miras a un supuesto proceso de transición en el país. Tras un encuentro clave con la líder opositora María Corina Machado, la coalición delineó las exigencias fundamentales para encauzar una salida democrática a la crisis nacional.
Las fuerzas democráticas de la oposición venezolana suscribieron el «Manifiesto de Panamá por el Gran Acuerdo Nacional y la Transición Democrática en Venezuela». El documento establece las bases para iniciar una negociación política firme y responsable frente al Gobierno central, bajo la coordinación directa de la dirigente María Corina Machado y con el acompañamiento estratégico de la comunidad internacional, liderada por los Estados Unidos.
María Corina Machado asumirá las riendas del liderazgo
El acuerdo, alcanzado tras intensas jornadas de consulta en Ciudad de Panamá, faculta a Machado para designar al equipo técnico y político que asumirá las conversaciones. La propuesta de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exige de entrada una serie de gestos que demuestren voluntad real de avance, entre los que destacan la liberación plena de los presos políticos (civiles y militares), el retorno seguro de los exiliados y el cese del aparato represivo en las regiones del país.
Para viabilizar una transición democrática en Venezuela, el manifiesto urge la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) compuesto por personalidades independientes. Este arbitraje renovado tendrá la tarea de diseñar y publicar un cronograma electoral verificable que garantice comicios presidenciales libres y transparentes, amparados en la observación internacional.
Paralelamente, la dirigencia opositora convocó a un «Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República». Esta iniciativa busca integrar a gremios, sindicatos, universidades, iglesias y sectores productivos de toda la nación —con especial atención al empuje de las regiones clave como el Zulia— para blindar la gobernabilidad, la prosperidad económica y el reencuentro de los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional.
