Un juez federal de Estados Unidos declaró ilegales las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump que mantenían congelados los trámites migratorios para ciudadanos de 39 países, entre ellos Venezuela, Cuba y Haití. El fallo ordena al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) restablecer de inmediato la evaluación de miles de solicitudes que permanecían paralizadas.
La histórica resolución fue emitida por el juez principal de distrito John J. McConnell Jr., en Providence (Rhode Island). El magistrado anuló tres directrices aplicadas por el USCIS desde finales del año pasado, las cuales mantenían suspendidos de forma indefinida los procesos de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes y naturalizaciones.
«Las políticas impugnadas pusieron en pausa las vidas de incontables personas, únicamente en virtud de sus países de nacimiento», sentenció el juez McConnell en su escrito de más de 100 páginas, donde acusó a la agencia de actuar de manera arbitraria.
Un freno a la discriminación por origen
El dictamen judicial responde a una demanda colectiva presentada en marzo por sindicatos y organizaciones de apoyo al inmigrante, lideradas por la coalición Democracy Forward. Los demandantes demostraron que los severos retrasos en la entrega de documentación legal no obedecían a faltas de los solicitantes, sino a un bloqueo sistemático basado en la nacionalidad.
Aunque la administración de Trump justificó las medidas bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional tras un incidente violento que involucró a miembros de la Guardia Nacional, el tribunal concluyó que el USCIS excedió su autoridad legal. El juez dictaminó que utilizar el país de origen como un factor negativo viola directamente las leyes migratorias y administrativas vigentes en el país norteamericano.
Alivio para miles de familias en el limbo
La decisión judicial representa un alivio inmediato para más de un millón de inmigrantes que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad económica y jurídica. En regiones con alta presencia de la diáspora, como el sur de Florida, miles de familias venezolanas, cubanas y haitianas permanecían sin estatus legal definido ni la posibilidad de trabajar formalmente mientras sus expedientes estaban archivados.
A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no emite un pronunciamiento oficial, expertos legales advierten que el gobierno federal podría apelar la medida. No obstante, la orden del juez McConnell es de obligatorio y obligatorio cumplimiento inmediato, reactivando los relojes de procesamiento para los afectados mientras continúe la batalla en los tribunales superiores.
