El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este lunes que el Gobierno venezolano derogue la Ley contra el Odio y reforme la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, conocida como Ley Resorte, por considerar que ambas tienen un impacto negativo en la libertad de expresión en el país.
La solicitud fue formulada por el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, durante una entrevista en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas. Ruiz enfatizó la necesidad de realizar una revisión honesta y seria de las leyes que afectan la comunicación y el ejercicio periodístico.
Críticas a la Ley contra el Odio
La Ley Constitucional contra el Odio fue aprobada en 2017 y ha sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos y periodistas, quienes señalan que permite sanciones severas —incluyendo penas de cárcel y cierre de medios— por contenidos que el Estado considera “incitación al odio”, lo cual puede facilitar la persecución de la disidencia y la censura.
Ruiz destacó que este año cerca de 40 periodistas están judicializados y que en más del 90 % de los casos los cargos están sustentados en supuestos delitos previstos en esta ley. Para el SNTP, la norma se ha convertido en un instrumento punitivo que persigue la crítica y el ejercicio de la libertad de expresión, por lo que «debe ser derogada».
Reforma de la Ley Resorte
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), vigente desde 2004, tiene como objetivo regular la responsabilidad de los medios en la difusión de contenidos, aunque ha sido cuestionada por permitir interpretaciones amplias que pueden usarse como mecanismo de censura.
Ruiz declaró que esta ley debe ser revisada y reformada para eliminar ambigüedades que puedan ser explotadas por las autoridades para controlar contenidos o sancionar a medios de comunicación y periodistas.
Conatel y el rol regulador
Durante su intervención, el dirigente sindical también consideró esencial que el gobierno revise las funciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), pues, en su opinión, este organismo ha actuado más como censor que como un ente técnico regulador.
Situación de periodistas judicializados
Ruiz informó que actualmente hay 18 periodistas y trabajadores de medios judicializados en el país, aunque aclaró que en estos momentos no hay comunicadores presos. Mencionó el caso del periodista Román Camacho, quien lleva alrededor de un mes esperando respuesta judicial a una solicitud de sobreseimiento amparada en la Ley de Amnistía.
Medios digitales bloqueados
El SNTP también criticó que varios medios digitales permanezcan bloqueados en Venezuela, señalando que no existen investigaciones judiciales abiertas contra esos portales y que su cierre no cumple con estándares internacionales. Finalmente, Ruiz reconoció como un elemento positivo que representantes de los medios hayan sido convocados en dos ocasiones al Palacio de Miraflores este año, algo que no ocurría con la misma frecuencia en gestiones anteriores.
