El Ejecutivo nacional y el Ministerio Público iniciaron este lunes 1 de junio de 2026 el proceso de Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal en todo el territorio venezolano. El despliegue institucional, coordinado por una comisión presidencial, tiene como objetivo central debatir y reestructurar de manera profunda el funcionamiento de los tribunales y órganos de investigación a través de nueve ejes fundamentales de discusión.
El fiscal general de la República, Larry Devoe, detalló durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que las comisiones técnicas se desplegarán de forma simultánea en los 21 estados del país. Las mesas de diálogo incorporarán tanto a las comunidades organizadas, movimientos sociales de derechos humanos, colectivos de mujeres, campesinos, indígenas y trabajadores, como a las academias universitarias para fundamentar científicamente los diagnósticos.
Autocrítica institucional y canales de participación digital
Devoe puntualizó que el proceso legislativo y social incluye una fase de evaluación interna específica dirigida a los operadores jurídicos, jueces y fiscales, bajo un enfoque estrictamente autocrítico. La intención de esta metodología es revisar minuciosamente las prácticas procesales y los modos de proceder actuales para erradicar vicios administrativos y agilizar las causas penales de los ciudadanos.
Con el fin de masificar la intervención civil sin necesidad de traslados físicos, las autoridades habilitarán plataformas tecnológicas de consulta digital. Este mecanismo virtual interactivo recopilará las propuestas, denuncias y recomendaciones del poder popular, las cuales serán procesadas por comités especializados para transformarlas en correctivos inmediatos y nuevas políticas públicas orientadas a sanear el sistema de justicia en Venezuela.
Los nueve temas medulares del debate penal
La agenda programática de la reforma penal concentrará los esfuerzos institucionales en resolver problemáticas históricas del aparato judicial. Entre las prioridades fijadas por la Comisión Presidencial destacan la celeridad procesal y el combate al retardo en los internados judiciales, la ética y la independencia del Poder Judicial, las garantías constitucionales del debido proceso, y la redefinición de la política criminal en el siglo XXI.
Asimismo, las mesas técnicas evaluarán la infraestructura, dotación y equipamiento tecnológico de las sedes tribunalicias, el desarrollo del talento humano y la simplificación de trámites para optimizar el acceso ciudadano a la defensa legal. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó este despliegue como un paso determinante para la estabilidad institucional y la paz interna de la nación, asegurando que las propuestas recolectadas permitirán consolidar un diagnóstico real y participativo sobre el estado de la judicatura venezolana.
