La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes en primera discusión una reforma legal histórica que busca abrir el sector eléctrico nacional a la participación de capitales privados. Esta propuesta legal representa una de las transformaciones más profundas en la estructura energética del país en los últimos 15 años, orientada a captar inversiones que ayuden a estabilizar el suministro en las regiones más afectadas por los racionamientos.
Fin del monopolio estatal y nuevo esquema de concesiones
La medida legislativa pondría fin al monopolio absoluto que ha mantenido el Estado venezolano desde la creación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la cual se consolidó en su momento como la única operadora del sistema. El nuevo estatus jurídico permitiría que compañías privadas, empresas mixtas y consorcios con participación minoritaria del Estado operen en las fases de generación, distribución y comercialización de energía.
El proyecto de ley establece las siguientes condiciones para los nuevos operadores:
- Las concesiones serán otorgadas por el Gobierno nacional con una duración inicial de hasta 25 años.
- Existirá la posibilidad de otorgar prórrogas de extensión por 15 años adicionales basados en el rendimiento.
- El Ministerio de Energía mantendrá la facultad exclusiva de supervisar las operaciones, otorgar permisos y revocar contratos en caso de incumplimientos.
Ajuste tarifario y rentabilidad comercial
Uno de los puntos centrales y más debatidos de la reforma es la reestructuración del cobro del servicio. El marco legal propone la implementación de un esquema tarifario orientado a reflejar los costos reales de operación de las plantas y redes, permitiendo que las empresas obtengan una rentabilidad económica «razonable».
Este lineamiento técnico marca un quiebre definitivo respecto a los subsidios generalizados vigentes, abriendo las puertas a una estructura de mercado que promete autosustentabilidad financiera a mediano plazo.
