El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó formalmente al Senado un plazo de 72 horas para estructurar su defensa en el marco del juicio político que enfrenta. La solicitud se produce tras recibir una acusación formal de 15 páginas y un expediente anexo de aproximadamente 300 fojas, en medio de una profunda crisis institucional desatada por la intervención de Ueno Bank.
«He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa», comunicó el mandatario a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde cuestionó la viabilidad de preparar una respuesta jurídica sólida «en menos de 12 horas», calificando dicha premura como una vulneración del debido proceso. Asimismo, afirmó que expondrá su versión de los hechos ante la ciudadanía a pesar de las implicancias políticas, reiterando su permanencia institucional.
Conflicto institucional y repercusiones financieras
La situación del jefe de Estado se agravó luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara un proceso de resolución y cierre de Ueno Bank —entidad en la que Peña mantuvo vínculos societarios hasta desvincularse de Ueno Holding en marzo de 2025—. La medida administrativa generó incertidumbre generalizada ante el congelamiento de los ahorros de miles de clientes y la exposición de millonarios fondos públicos depositados en la institución, especialmente recursos correspondientes a cajas de jubilaciones y pensiones. De acuerdo con los informes del BCP, el índice de solvencia del banco se desplomó por debajo del 50 % del mínimo reglamentario.
Paralelamente, la continuidad institucional de Peña se mantiene en un limbo jurídico. Durante la sesión de la Cámara de Diputados, que aprobó por unanimidad el libelo acusatorio, el mandatario presentó su renuncia a la Presidencia. Sin embargo, la posterior sesión bicameral convocada para tratar su dimisión quedó sin cuórum tras el retiro estratégico de legisladores oficialistas, por lo que el juicio político continuó su curso en el Senado.
Postura del Poder Legislativo
Consultado por los medios locales, el presidente del Senado, Basilio Núñez, reconoció el derecho a la defensa del mandatario, aunque indicó que evaluará con los líderes de las distintas bancadas si corresponde otorgar el plazo solicitado o mantener el cronograma previsto para las deliberaciones del proceso de destitución.
La acusación formal sustenta el juicio político en causales de «mal desempeño de sus funciones», apuntando a presuntos conflictos de intereses, cooptación del Estado y mecanismos de puertas giratorias entre cargos públicos y privados, vinculados a la estructura del conglomerado financiero investigado.
