El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este 5 de noviembre su renuncia irrevocable al cargo, en el marco de una grave crisis desatada por la insolvencia y posterior intervención de Ueno Bank, así como por un inminente juicio político impulsado desde el Congreso Nacional.
La dimisión del mandatario se produce tras semanas de creciente presión social e institucional derivada del colapso de la entidad bancaria. El detonante principal fue la afectación directa a miles de ahorristas y a los fondos del seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía recursos significativos vinculados a la institución financiera bajo investigación.
Una salida institucional para contener la crisis
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Peña justificó su salida como un acto de responsabilidad para preservar la estabilidad institucional del país.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas»
La dimisión se consumó en paralelo al desarrollo de una sesión en la Cámara de Diputados, donde se debatía una moción de enjuiciamiento político por supuesto mal desempeño de funciones que contaba con apoyos decisivos de sectores de la oposición y de legisladores disidentes de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado).
Con esta renuncia, se evita el desgaste institucional de un juicio político prolongado. De acuerdo con lo establecido en la Constitución paraguaya, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo, garantizando que el Partido Colorado conserve la administración del Gobierno. El Congreso Nacional fue convocado de manera urgente para formalizar la aceptación de la renuncia y proceder con la investidura del nuevo jefe de Estado.
El trasfondo del escándalo bancario
La crisis institucional tiene su origen en los cuestionamientos sobre la gestión de Ueno Holding Saeca y su vinculación con el sistema financiero y el Banco Central del Paraguay (BCP). Diversas investigaciones y cuestionamientos públicos señalaron presuntos conflictos de interés, cuestionándose tanto la designación de autoridades monetarias como el traslado masivo de fondos públicos y de jubilaciones hacia la entidad intervenida.
El colapso bancario ha generado incertidumbre en una parte considerable de la población, dado que un porcentaje elevado de ciudadanos y beneficiarios del sistema previsional vieron comprometidos sus ahorros o el acceso a los servicios financieros básicos. Ante este escenario, el dimitido mandatario exhortó a los organismos de control a garantizar la total transparencia, la protección de los fondos públicos y la efectividad del fondo de garantía de depósitos para respaldar a los afectados.
