Ante los desafíos estructurales dejados por los recientes sismos, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, ha propuesto una reforma profunda al marco jurídico del sector. El objetivo central es dinamizar la reconstrucción de viviendas y fomentar una cooperación eficiente entre el sector privado y el Estado nacional.
Revisión de leyes clave
González enfatizó la urgencia de modernizar instrumentos legales que, a su juicio, limitan la capacidad de respuesta y la inversión actual. La propuesta contempla la revisión de:
- Ley contra la Estafa Inmobiliaria.
- Ley de Arrendamientos.
- Ley del Deudor Hipotecario.
La meta es introducir nuevas alternativas jurídicas que blinden y fortalezcan el derecho a la propiedad privada, adaptando la normativa a la realidad económica del año 2026.
Propuestas para la formalización y liquidez
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es la legalización de contratos directos en divisas. El gremio sostiene que el mercado inmobiliario opera actualmente con monedas extranjeras y, por tanto, la ley debería reconocer esta realidad para facilitar las transacciones y evitar trabas burocráticas innecesarias.
«Hoy tenemos que reconocer que hay mercados que se manejan en divisas. El mercado inmobiliario es uno de ellos y debemos permitir que los contratos se realicen sin intervención o prohibición», afirmó González.
Apoyo a la clase media y familias afectadas
El representante gremial mostró especial preocupación por la situación de miles de familias, especialmente en zonas como el municipio Chacao, que cuentan con un patrimonio inmobiliario, pero carecen de la liquidez necesaria para financiar reparaciones estructurales tras los terremotos.
González instó a las autoridades a crear instrumentos financieros especiales que, en el marco de la ayuda humanitaria, permitan a los ciudadanos recuperar sus viviendas. «Hay que generar mecanismos de confianza para que las personas puedan volver a sus hogares», señaló.
Finalmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria calificó la coyuntura como el «mejor momento» para una alianza estratégica público-privada, enfocada en la reconstrucción nacional y la reactivación del sector bajo estándares de seguridad y justicia.
