El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que el Ejecutivo volverá a someter a debate en el Congreso dos decretos en materia de vivienda. Los textos contemplan, entre otras disposiciones, la concesión de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses destinados a facilitar la adquisición de una primera residencia.
Los decretos serán analizados por una comisión especial y no por el pleno de los 350 diputados, luego de que estos fueran rechazados el pasado viernes. Dicha situación motivó al líder socialista a convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre, cuya oficialización se publicó esta mañana en el Boletín Oficial del Estado.
Durante una rueda de prensa, Sánchez detalló un paquete de 21 medidas orientadas a «proteger» a los inquilinos frente a lo que calificó como un mercado inmobiliario «disfuncional». Entre los objetivos principales de los textos figuran la ampliación de la oferta de compra, el impulso al alquiler asequible y la contención de incrementos excesivos en los precios. Asimismo, destacó la regulación del alquiler de temporada para combatir la especulación, obligando a los pisos turísticos a tributar como establecimientos del sector hotelero.
Vía parlamentaria y apoyos necesarios
La comisión especial encargada de evaluar las normativas estará integrada por 69 diputados, un mecanismo constitucional previsto para escenarios de disolución del Parlamento. Para lograr su aprobación, el gobierno de coalición requerirá el respaldo de formaciones minoritarias, como los nacionalistas vascos del PNV, lo que neutralizaría el rechazo de los diputados de Junts que previamente tumbaron las iniciativas.
El PNV había respaldado en la sesión del viernes el primero de los textos gubernamentales, el cual incluye la suspensión de desahucios a personas vulnerables hasta 2030 y medidas restrictivas contra los fondos de inversión señalados por especulación inmobiliaria. «Este gobierno, ni tira la toalla, ni deja tirada a la gente», sentenció Sánchez.
