Luis Pérez asume la presidencia del BCV tras renuncia de Laura Guerra

Sede del Banco Central de Venezuela

La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, oficializó este jueves la renuncia de Laura Guerra a la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV). En un movimiento estratégico para la reactivación financiera del país, se nombró a Luis Pérez como su sucesor. Este ajuste administrativo coincide con el reciente levantamiento de sanciones financieras por parte de la administración estadounidense sobre el sistema bancario público venezolano.

Impacto de la Licencia General 57 de la OFAC

La transición en la directiva del emisor se produce apenas 48 horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitiera la Licencia General 57. Esta medida representa un giro en la política exterior de Washington, autorizando operaciones financieras esenciales con entidades estatales clave:

  • Entidades autorizadas: Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro.
  • Alcance: La normativa permite transacciones habituales para la prestación y exportación de servicios financieros, incluyendo entidades con participación igual o superior al 50%.
  • Excepciones: Se mantienen las restricciones para individuos que figuren en la «Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN)».

Promulgación de la nueva Ley Orgánica de Minas

En el marco de un encuentro con autoridades económicas, Rodríguez procedió a la firma del ejecútese de la nueva Ley Orgánica de Minas, la cual sustituye al marco jurídico vigente desde 1999. El texto, compuesto por 131 artículos, tiene como objetivo central atraer inversión extranjera al sector minero, que registró un crecimiento del 10,9 % en el último año.

Creación de la Sunamin

Para garantizar el cumplimiento y control de esta actividad, la ley establece la creación de la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera (Sunamin). Este organismo será responsable de:

  1. Coordinar el proceso integral de inversión y desarrollo minero.
  2. Asegurar la transparencia en la producción y comercialización.
  3. Ofrecer garantías jurídicas a inversionistas internacionales, con especial enfoque en el mercado aurífero.

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