El Ministerio Público de Venezuela ha iniciado formalmente una investigación penal tras el motín y las intensas manifestaciones registradas en el Internado Judicial de Barinas (Injuba). El despliegue fiscal busca esclarecer los hechos y garantizar los derechos humanos de la población reclusa.
El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal sobre los hechos violentos y las manifestaciones ocurridas en el Internado Judicial de Barinas (Injuba). La situación de protesta, que comenzó el domingo, generó zozobra y paralizó la actividad en las zonas urbanísticas de La Concordia, Negro Primero y Andrés Bello, sectores que rodean el recinto penitenciario.
Ante el conflicto, la Fiscal Superior del estado Barinas, en compañía de fiscales adscritos a la Dirección General de Derechos Humanos, se trasladó al lugar para mediar y contribuir a una resolución pacífica de la crisis.
A través de un comunicado oficial, el organismo informó que la Fiscalía 49ª Nacional con competencia en Derechos Humanos asumirá las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades del caso. El Ministerio Público ratificó su compromiso de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios del país.
