El Senado de la República dio luz verde este martes, por mayoría calificada, a una reforma constitucional que impone como requisito indispensable contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana para postularse a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Con un total de 86 votos a favor y 42 en contra, el dictamen lo aprobaron sin modificaciones en lo general y en lo particular, y turnado de inmediato a los congresos estatales para su ratificación. La iniciativa modifica tres artículos de la Carta Magna para estipular que los aspirantes deben ser mexicanos por nacimiento, carecer de otra nacionalidad y demostrar la extinción formal de cualquier vínculo jurídico con un Estado extranjero antes de registrarse como candidatos.
La normativa establece restricciones estrictas durante el ejercicio del cargo: los funcionarios no podrán adquirir otra nacionalidad, invocar protección diplomática extranjera, hacer uso de pasaportes foráneos ni ejercer derechos políticos ajenos a México.
Implementación y plazos
Estas disposiciones entrarán en vigor a partir del proceso electoral de 2028, eximiendo a los actuales titulares de estas demarcaciones. Asimismo, se fijó un plazo de 90 días naturales para que el Congreso federal armonice la Ley de Nacionalidad y las leyes electorales, un mandato que también aplicará para las legislaturas de las 32 entidades federativas.
Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 30 de agosto y aprobada previamente por la Cámara de Diputados, la reforma requiere ahora el aval de la mitad más uno de los congresos locales para su promulgación definitiva. Los bloques legislativos oficialistas defendieron la medida al señalar que busca salvaguardar la soberanía nacional en las más altas magistraturas ejecutivas del país.
