Las instituciones que integran el sistema judicial venezolano iniciarán esta semana un despliegue nacional en los centros de reclusión temporal del territorio nacional. La medida técnica busca agilizar la revisión exhaustiva de las causas penales de los ciudadanos privados de libertad que permanecen en calabozos policiales.
El operativo contará con la participación coordinada de fiscales del Ministerio Público, jueces de los Tribunales penales y defensores de la Defensoría Pública. Asimismo, participarán activamente los funcionarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Justicia y Paz durante las inspecciones legales obligatorias.
Descongestionamiento de centros policiales y medidas preventivas
Las comisiones multidisciplinarias evaluarán los expedientes acumulados con el propósito fundamental de ejecutar traslados organizados hacia los internados judiciales de reclusión nacional. Los operadores de justicia también acordarán otorgar medidas sustitutivas de libertad bajo presentación a los procesados que cumplan con los requisitos de ley.
La planificación institucional permitirá descongestionar los espacios de detención preventiva de los organismos de seguridad del Estado donde los ciudadanos aguardan sus juicios. El abordaje integral optimizará los lapsos procesales y garantizará los derechos humanos fundamentales de toda la población privada de libertad en el país.
Sistema de denuncias contra la corrupción judicial
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ofreció la información oficial este lunes durante una rueda de prensa de la organización. El dirigente político enfatizó que estas acciones directas forman parte de los planes de reestructuración profunda del Poder Judicial.
Cabello adelantó que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentará próximamente un novedoso sistema de denuncias tecnológicas para la contraloría social. La plataforma digital permitirá a los ciudadanos reportar formalmente cualquier desviación en el comportamiento de jueces, fiscales y funcionarios de la administración pública.
