El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública este miércoles una histórica acta de imputación penal en contra del expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 94 años de edad. El Tribunal Federal de Distrito de Miami acusa formalmente al hermano de Fidel Castro, junto a otras cinco personas, de los cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, derivado del ataque militar que derribó dos aeronaves civiles operadas por un grupo de ayuda humanitaria hace tres décadas.
Escalada de presión de la administración Trump
Esta acusación federal representa una acción de alta trascendencia jurídica que intensifica de manera drástica la campaña de presión multifacética de la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno de la isla caribeña. En este sentido, el dictamen judicial retoma y amplía un expediente legal que se presentó originalmente en el año 2003, colocando todo el peso del sistema punitivo estadounidense sobre la figura del exmandatario en un momento de máxima fricción bilateral.
El precedente judicial y la captura de Nicolás Maduro
De acuerdo con analistas y fuentes judiciales, la imputación de cargos criminales contra Castro sienta las bases legales para eventuales operativos militares internacionales. El esquema lo califican como similar al procedimiento aplicado por las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro; en aquel caso, la justicia norteamericana utilizó un dictamen fiscal para fundamentar una incursión táctica en Caracas el pasado mes de enero, logrando su captura definitiva mediante un despliegue de alta seguridad.
Los detalles técnicos de la orden de captura internacional y la desclasificación de los archivos de inteligencia los presentaron formalmente en una rueda de prensa celebrada en Miami. La comparecencia pública estuvo liderada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, en compañía de Jason A. Reding Quiñones, fiscal general de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, quienes ratificaron el compromiso del Estado norteamericano de procesar judicialmente a los responsables del ataque a la misión de rescate en el Estrecho de Florida.
