La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, expresó su profunda preocupación por las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y reafirmó el respaldo de Tokio al organismo con sede en La Haya.
En un mensaje publicado el viernes 9 de octubre de 2026 en la red social X, Takaichi sostuvo que las medidas estadounidenses son incompatibles con la defensa del Estado de derecho que promueve Japón. También destacó el papel de la CPI en la aplicación de este principio.
Pese a sus críticas, la jefa del Gobierno japonés aseguró que su país mantendrá la cooperación con las autoridades estadounidenses y continuará brindando el apoyo necesario para que el tribunal desempeñe sus funciones. Asimismo, afirmó que seguirá en contacto con la presidenta de la CPI, la magistrada japonesa Tomoko Akane, y con otros gobiernos.
Japón y otros siete países cuestionan las medidas
La postura de Tokio coincidió con un comunicado conjunto de los ministros de Exteriores de Japón, Alemania, Francia y otros cinco países, quienes manifestaron su rechazo a las sanciones contra la institución.
Las medidas de Washington se suman a las restricciones que meses atrás afectaron a 17 personas vinculadas con la CPI, incluidos jueces y fiscales. La ampliación de las sanciones al propio organismo podría dificultar sus operaciones y sus relaciones financieras con entidades estadounidenses.
En términos generales, las medidas contemplan el bloqueo de bienes e intereses de la institución situados en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos y empresas estadounidenses, además de restricciones a las transacciones con la CPI.
Las sanciones se remontan a una orden ejecutiva de Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la posibilidad de sancionar a funcionarios de la CPI involucrados en investigaciones o procedimientos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados.
La disposición mencionó expresamente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.
La controversia refleja las diferencias entre Washington y los países que defienden la independencia de la Corte Penal Internacional. El tribunal tiene competencia para investigar y juzgar determinados crímenes internacionales, bajo las condiciones establecidas en su Estatuto de Roma.
Este contenido ha sido elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado, verificado y editado por el equipo de Observador Zuliano.
