La Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano alertó este jueves que las víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero continúan enfrentando represalias y presiones “perturbadoras”, aun cuando hayan pasado más de 20 años desde las primeras denuncias masivas en Estados Unidos.
En su segundo informe anual, presentado en septiembre al papa León XIV, la comisión documenta casos en los que familiares de víctimas sufrieron amenazas, excomuniones públicas o presiones sobre sus miembros para evitar que se hicieran públicas las denuncias. Una víctima relató que su hermano, seminarista, fue advertido por un obispo de que su denuncia podía afectar su ordenación.
Según Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión, estos testimonios reflejan una profunda desconfianza hacia la institución, ya que muchas víctimas no se sienten escuchadas ni respetadas.
El documento de 103 páginas propone medidas para ofrecer reparaciones efectivas, incluyendo apoyo psicológico, disculpas públicas e indemnizaciones económicas. También insta a la Iglesia a publicar las razones por las que se destituye a sacerdotes acusados, como parte de un compromiso con la transparencia.
La comisión denuncia la persistencia de una “cultura del silencio” en varias regiones, que obstaculiza avances y favorece la impunidad. En Italia, por ejemplo, solo el 36 % de las diócesis respondieron al cuestionario de investigación, mientras que en países como Malta, Etiopía, Mozambique y Guinea, las víctimas aún enfrentan enormes dificultades para ser escuchadas.
El arzobispo Thibault Verny, presidente de la comisión, criticó la respuesta tardía de la Iglesia y subrayó que las figuras de autoridad que cometieron o permitieron abusos no deben ser tratadas como intocables. Recordó además que, pese a los avances, el clero sigue exento de denunciar ante la justicia civil salvo que la ley local lo requiera.
El informe señala que el papa León XIV, elegido en mayo, ha mostrado compromiso con la causa, pero recientes comentarios sobre la protección de sacerdotes acusados han generado inquietud entre asociaciones de víctimas, que reclaman tolerancia cero y mayor protección para quienes denuncian abusos.
El documento concluye que la Iglesia debe reforzar la rendición de cuentas y garantizar apoyo y reparación a las víctimas, consolidando medidas que ya comenzaron a implementarse desde la creación de la comisión en 2014 y su reestructuración en 2022.
