El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este 9 de octubre la imposición formal de sanciones económicas contra la Corte Penal Internacional (CPI). La medida busca restringir drásticamente las operaciones financieras del organismo internacional, en cumplimiento de las directrices de la Administración del presidente Donald Trump.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión al señalar que la Casa Blanca no permitirá que el tribunal procese a ciudadanos estadounidenses. «Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, privándole de recursos y mermando su capacidad para funcionar», afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense previo al anuncio oficial. Como parte de las disposiciones transitorias, el Tesoro autorizó un período limitado de operaciones financieras con la corte que se extenderá hasta el próximo 7 de abril.
Escalada de tensiones tras órdenes de arresto
Las fricciones diplomáticas entre Washington y la Haya se intensificaron significativamente luego de que la CPI emitiera, en 2024, órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Galant, imputados por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.
Desde el pasado mes de julio, Rubio había adelantado el inicio de una campaña diplomática estructurada con el propósito de desmantelar la estructura del tribunal global, al que la actual administración estadounidense califica de ilegítimo.
La medida del gobierno estadounidense coincide además con la decisión del Comité Noruego del Nobel, que este mismo día otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a la exjueza de la CPI, Navanethem ‘Navi’ Pillay, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de la justicia internacional.
