El equipo legal del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrenta un nuevo revés en las cortes estadounidenses. Este viernes, fiscales federales solicitaron a un juez desestimar la petición de los acusados, quienes buscaban que el Gobierno de Venezuela costeara sus abogados privados. Los fiscales calificaron esta pretensión como «extraordinaria» y carente de base legal dentro del sistema norteamericano.
El conflicto por el pago de los abogados
La disputa comenzó el mes pasado cuando los defensores de Maduro alegaron que el Gobierno de Estados Unidos violaba sus derechos. Según los abogados, las sanciones impiden que el Estado venezolano les transfiera dinero para cubrir sus honorarios, lo que supuestamente «obstaculiza» la defensa legal de Nicolás Maduro. Ante esto, pidieron al juez que anulara los cargos de narcoterrorismo por considerar que no pueden defenderse adecuadamente.
Sin embargo, la Fiscalía aclaró la situación con un argumento contundente: el Departamento del Tesoro (OFAC) ya otorgó una licencia para que ambos utilicen sus fondos personales ahorrados en Venezuela. Lo que las leyes estadounidenses prohíben estrictamente es que una entidad sancionada (en este caso, el Gobierno de Venezuela) use dinero público para pagar los gastos legales de personas particulares que también están bajo sanción.
Impacto en la defensa legal de Nicolás Maduro
Los fiscales explicaron al juez que negar el uso de fondos públicos no viola el debido proceso. Según el documento judicial, los acusados tienen acceso a su propio patrimonio para contratar expertos. Además, recalcaron que las regulaciones impiden que el dinero de una nación se desvíe para proteger a individuos señalados por delitos federales.
Para el ciudadano que sigue el caso, esto significa que el proceso judicial por narcoterrorismo sigue firme. La justicia de Estados Unidos no acepta que el dinero del Estado venezolano financie la defensa legal de Nicolás Maduro, obligando a que los costos salgan directamente de las cuentas personales de los señalados. El juez deberá decidir ahora si acepta estos argumentos de la fiscalía o si da lugar a las quejas de los abogados defensores.
