La crisis carcelaria en Ecuador se ha intensificado, con un registro de cuatro masacres desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia en noviembre de 2023, en su primer periodo. Expertos en seguridad coinciden en que la militarización no es suficiente y urgen una reestructuración profunda del sistema penitenciario.
El último y más letal episodio ocurrió el pasado domingo 9 de noviembre en la cárcel de Machala, dejando un saldo preliminar de 31 fallecidos y 34 heridos, según el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI). El evento fue provocado por disturbios ligados al traslado de reos de alta peligrosidad a la recién inaugurada cárcel de máxima seguridad en Santa Elena.
Los incidentes violentos recientes evidencian el control que las bandas criminales mantienen dentro de los centros de privación de libertad. La cárcel de Machala ha sido escenario de dos matanzas críticas en 2025. Además de la tragedia del pasado domingo, en septiembre se registró otro enfrentamiento con 14 fallecidos, incluyendo un guía penitenciario.
Otros episodios incluyen el ciclo de violencia: la masacre de 17 reclusos en Esmeraldas el pasado mes de septiembre y un motín con 17 fallecidos en la Penitenciaría del Litoral, en noviembre de 2024, atribuido a la banda Los Duendes.
Funcionarios y expertos señalan que el problema reside en el hacinamiento y la falta de control interno. Itania Villarreal, directora de un centro provisional, lamentó que Machala «ha venido protagonizando estos eventos deshumanizados» y criticó la falta de traslados oportunos y la ubicación de reos de las mismas bandas en los mismos centros.
Johana Espín, docente de seguridad, subrayó que la militarización de las cárceles, si bien es una medida de corto plazo, no es la solución definitiva, pues las Fuerzas Armadas no están formadas para el control penitenciario. «Se necesita una reestructuración… de un cuerpo especializado», afirmó, enfocándose en fortalecer al SNAI.
El exsubdirector del SNAI, Fernando Sánchez Cobo, destacó que la entrada de armas persiste, y la solución debe ser un plan integral que combine seguridad y un modelo de rehabilitación social con acceso a talleres y educación, en lugar de considerar las cárceles como «grandes bodegas humanas».
El Gobierno ha respondido con el traslado de 300 presos a la cárcel de Santa Elena y la promesa del Ministro del Interior de reestructurar el SNAI y contratar personal militar y policial retirado para la dirección de los nuevos centros.
La Hora/Agencias






