El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para identificar y deportar a extranjeros en situación migratoria irregular o vinculados a delitos. La instrucción, impartida durante un consejo de seguridad en Barranquilla, prioriza a quienes registren antecedentes delictivos y, posteriormente, a quienes no hayan regularizado su permanencia.
Esta medida representa un cambio radical frente a las políticas de administraciones pasadas, afectando directamente a la población venezolana. Cifras oficiales indican que en el territorio colombiano habitan 2,8 millones de venezolanos —cerca del 90% de los migrantes—, de los cuales unos 848.000 están en condición irregular, incluyendo a unos 193.000 menores de edad.
Diversos sectores han reaccionado ante la decisión. La congresista María Fernanda Carrascal calificó la medida como contraria a los derechos humanos y cuestionó la vinculación generalizada de los migrantes con la delincuencia. Mientras tanto, expertos advierten sobre el enorme desafío que enfrenta el país debido a su extensa frontera y la magnitud de la población migrante procedente de Venezuela.
