El gremio inmobiliario nacional busca transformar las reglas del juego para dinamizar el mercado de viviendas en el país. Pablo González Travieso , presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) , ha puesto sobre la mesa una hoja de ruta que incluye reformas legislativas profundas y mecanismos de financiamiento innovadores adaptados a la realidad económica actual.
Reformas legales: El camino hacia la construcción masiva
En este sentido, la propuesta central de la CIV se enfoca en la flexibilización de dos instrumentos jurídicos que, según el gremio, limitan el crecimiento del sector:
- Ley contra la Estafa Inmobiliaria: Se busca una reforma que incentive a los constructores a iniciar nuevos proyectos habitacionales sin las trabas actuales que frenan la preventa.
- Ley del Deudor Hipotecario: El objetivo es permitir que los propios promotores otorguen créditos directos , agilizando la comercialización sin depender exclusivamente de la banca tradicional.
Financiamiento en «moneda dura»
Una de las propuestas más audaces mencionadas por González Travieso es la posibilidad de establecer hipotecas y financiamientos en moneda extranjera . Aunque aclaró que no es una medida oficializada, destacó que se trabaja en esta alternativa para garantizar la viabilidad financiera de los proyectos en un entorno de alta inflación.
Fideicomiso petrolero para urbanismos inconclusos
Para atacar el problema de las obras paralizadas, el sector propone utilizar los fondos de la venta petrolera retenidos en el exterior. La estrategia consistirá en crear un fideicomiso que inyecte capital directamente a los proyectos urbanísticos que hoy permanecen a medio construir en todo el territorio nacional.
«Vemos esto de manera positiva porque obligaría a la revisión de las leyes que hemos promovido desde que iniciamos en este negocio», afirmó el presidente de la CIV.
Sin embargo, González Travieso fue realista sobre los tiempos: estima que el regreso de los créditos hipotecarios bancarios es una meta a mediano y largo plazo, proyectada entre 3 a 5 años , dependiendo de la consolidación de la «nueva economía».
