Un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Guatemala un informe que acusa al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco de su guerra contra las pandillas.
El documento fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) e incluye denuncias de torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual, encarcelamientos ilegales —entre ellos de menores de edad—, y persecución de la sociedad civil y la prensa. Las cifras que recoge son contundentes: 403 muertes bajo custodia estatal y 540 casos de desapariciones forzadas registrados bajo el estado de excepción vigente en El Salvador.
«Bases razonables» para investigar
El director de InterJust, Ignacio Jovtis, fue enfático al presentar las conclusiones: «Existen bases razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad». El informe también respalda denuncias previas de la ONG Cristosal, que había documentado 86 presos políticos y trasladado sus operaciones a Guatemala alegando persecución por parte del gobierno salvadoreño.
La respuesta del gobierno
La vicecanciller salvadoreña, Adriana Mira, rechazó las acusaciones y aseguró que en El Salvador «no hay desapariciones forzadas».
El modelo Bukele: seguridad con concentración de poder
La estrategia de seguridad de Bukele redujo la violencia en El Salvador a mínimos históricos y disparó su popularidad, pero también derivó en una progresiva concentración del poder. En 2025, el país aprobó la reelección indefinida del mandatario y se consolidó el control del ejecutivo sobre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. Los organismos de derechos humanos señalan que ese contexto es el que habría facilitado los abusos documentados en el informe.
