La agenda legislativa con enfoque de género y pertinencia cultural se trasladó al estado Trujillo. La diputada indígena por la región occidente, Arly González, encabezó una jornada de debate en la comunidad de Valle Verde, municipio La Ceiba, para someter a consulta pública la Ley Orgánica de Igualdad para las Mujeres, consolidando el ejercicio del «Pueblo Legislador» en las zonas originarias.
Un marco legal con identidad originaria
El encuentro no solo buscó la revisión técnica del articulado, sino también la sensibilización de las comunidades sobre el impacto social de esta ley. Durante el debate, González subrayó que el reconocimiento histórico y la valoración de la mujer indígena deben quedar blindados en la legislación nacional para asegurar la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
«Estas jornadas son esenciales para que el marco legal nacional nazca desde la base social y respete la identidad cultural de cada etnia», afirmó la parlamentaria, destacando que la voz de las lideresas territoriales es el insumo principal de este nuevo sistema de justicia.
Respaldo institucional y liderazgo femenino
La actividad contó con un sólido acompañamiento de autoridades regionales y locales, reflejando una articulación en todos los niveles de gobierno:
- Anais Viloria, diputada a la Asamblea Nacional.
- Tagasy Reyes, alcaldesa del municipio La Ceiba.
- Yackeline López, coordinadora regional del Inidi Trujillo.
A este despliegue se sumaron sabios, sabias y autoridades tradicionales, quienes aportaron la visión ancestral necesaria para que la ley sea coherente con la realidad de los pueblos indígenas.
Empoderamiento y formación parlamentaria
Más allá de la consulta, la jornada funcionó como un espacio de formación técnica. Los líderes y lideresas de Valle Verde recibieron herramientas para incidir de manera directa en las políticas públicas del país. Esta movilización forma parte de un cronograma de despliegue territorial que busca empoderar a los asentamientos indígenas más remotos.
Al cierre de la actividad, las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar recorriendo las zonas rurales, bajo la premisa de consolidar un sistema legal con rostro humano y originario que no deje a ninguna mujer atrás.
