El abogado José Luis Alcalá Rhode alertó de manera categórica que ni la Alcaldía de Maracaibo, ni el Concejo Municipal, ni Polimaracaibo poseen atribuciones legales para fijar o incrementar los montos de las multas por infracciones viales por encima de lo establecido en la Ley de Transporte Terrestre.
Pretender cobrar sanciones de hasta 150 dólares mediante ordenanzas o resoluciones locales constituye una usurpación de funciones que violenta la arquitectura constitucional del país.
Fundamentos Jurídicos
El jurista fundamentó la improcedencia de la medida en las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):
- Principio de Legalidad (Art. 137 CRBV): Los órganos del Estado sólo pueden realizar las actividades que la Constitución y las leyes les atribuyen expresamente.
- Sometimiento de la Administración Pública (Art. 141 CRBV): Exige estricto apego al Derecho, impidiendo que la policía local actúe con discrecionalidad fiscalizadora para recaudar fondos.
- Reserva Legal Nacional (Art. 156, Numeral 32 CRBV): Corresponde de manera exclusiva al Poder Público Nacional legislar sobre la tipificación de faltas y el establecimiento de sanciones o multas.
«Ninguna alcaldía o cámara municipal tiene la facultad de modificar la cuantía de sus cauciones. Se está cayendo en una anarquía institucional», enfatizó el excomandante policial.
Falta de homologación y equipos no certificados
Alcalá Rhode recordó que los oficiales de policía deben estar homologados en materia de tránsito por el órgano rector nacional. Asimismo, advirtió que el control de velocidad requiere dispositivos tecnológicos modernos —como cinemómetros y radares— homologados y certificados por Sencamer.
Riesgo de incentivos dudosos
Cuestionó la propuesta de otorgar un 10% del valor de la multa como incentivo al funcionario que la imponga, señalando que esto beneficiaría solo a un grupo reducido de 70 oficiales y revivirá vicios del pasado que dañan la imagen institucional de Polimaracaibo.
Irregularidades en estacionamientos
El exsecretario de Gobierno denunció los cobros en divisas de hasta 5 dólares por vehículo en estacionamientos privados de centros comerciales, calificándolos de ilegales al operar sin pólizas de responsabilidad civil para responder ante robos o daños a los usuarios.
Exhorto Final
El excomisionado instó a la Alcaldía a redirigir el pie de fuerza de Polimaracaibo hacia la regulación del tráfico en intersecciones durante fallas eléctricas, el ordenamiento del sector motorizado y el cese del uso abusivo de sirenas en vehículos particulares.
«No se puede buscar liquidez económica a costa del bolsillo del ciudadano mediante vías al margen del Derecho», concluyó.
