La administración del presidente Donald Trump solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que revoque el fallo judicial que mantiene protegido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600.000 venezolanos. Esta medida de amparo humanitario les permite residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense sin temor a la deportación.
El Departamento de Justicia presentó una petición para que el máximo tribunal ordene a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco revisar su dictamen previo. La representación legal de la Casa Blanca argumenta que un fallo emitido por la propia Corte Suprema el pasado 25 de junio faculta legalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para dar por terminados este tipo de programas de alivio migratorio.
Dicha resolución del tribunal supremo limitó el control de las cortes sobre las decisiones del DHS cuando estas no involucren violaciones constitucionales directas, un precedente que inicialmente afectó a los beneficiarios de Haití y Siria.
El origen de la disputa legal
En enero de este año, un panel de jueces del Noveno Circuito falló a favor de los migrantes al determinar que la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus atribuciones de ley cuando canceló la extensión del TPS que había otorgado la administración de Joe Biden.
Sin embargo, antes de ese dictamen, la Corte Suprema ya había autorizado de forma cautelar que la suspensión decretada por Noem en febrero de 2025 entrara en vigor provisionalmente. La National TPS Alliance, organización que lidera la defensa legal junto a un grupo de beneficiarios venezolanos, no ha emitido comentarios inmediatos sobre esta nueva ofensiva jurídica del Gobierno estadounidense.
