En un anuncio que marca un punto de inflexión en la política de pacificación del Ejecutivo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que la Ley de Amnistía «llega a su fin». La medida, sancionada el pasado 19 de febrero tras la captura (secuestro) del presidente Nicolás Maduro, entra en una nueva fase de revisión técnica para aquellos casos que no cumplieron con los requisitos iniciales.
Rodríguez calificó el proceso como exitoso, destacando que la normativa permitió reducir la tensión política derivada de los eventos del 3 de enero. Según cifras oficiales proporcionadas por el diputado Jorge Arreaza, el balance hasta la fecha arroja los siguientes datos:
- 8.616 personas amnistiadas en total.
- 314 excarcelaciones de ciudadanos que cumplían condena.
- 8.302 personas liberadas de medidas cautelares y procesos judiciales abiertos.
- 12.187 solicitudes válidas procesadas por la comisión parlamentaria.
Nuevos espacios: Reforma de la Justicia Penal
Ante el cierre de la aplicación directa de la ley, la mandataria anunció la instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. Este nuevo ente, junto al Programa para la Paz y Convivencia Democrática, será el encargado de atender los casos que quedaron «expresamente excluidos» del texto legal, tales como delitos de corrupción, homicidio o violaciones de derechos humanos.
Objetivos de la nueva Comisión:
- Consulta Nacional: Realizar una revisión profunda del sistema de justicia.
- Combate al retardo procesal: Agilizar las causas pendientes en los tribunales del país.
- Transparencia: Superar vicios y focos de corrupción dentro del sistema penal.
Postura de las ONG y la ONU
A pesar del optimismo gubernamental, organizaciones como Foro Penal sostienen que aún persisten 473 presos políticos en los centros de reclusión. La ONG señaló que menos del 25 % de las liberaciones de este año corresponden estrictamente a la aplicación de la ley. Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, ha reiterado la necesidad de publicar un listado oficial con las identidades de todos los beneficiados para garantizar la transparencia del proceso.
