El Ministerio Público (MP) anunció el inicio de una investigación penal para esclarecer presuntas irregularidades en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda. La medida surge tras las denuncias de familiares de los privados de libertad, quienes reportaron situaciones anómalas en el recinto durante el inicio de esta semana.
De acuerdo con el comunicado oficial, la institución designó a una comisión de fiscales de la Dirección de Protección de Derechos Humanos, liderada por un fiscal de competencia nacional. En este sentido, el objetivo principal de este despliegue es garantizar la integridad física y los derechos fundamentales de la población reclusa, respondiendo al clima de tensión generado en las últimas horas.
Crisis de desinformación y suspensión de visitas
En este sentido, la situación cobró relevancia tras el reporte del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización que alertó sobre la suspensión injustificada de las visitas familiares el pasado lunes. Según la ONG, el acceso al penal fue restringido, permitiendo únicamente el ingreso de alimentos y artículos personales, lo que disparó las alarmas entre los allegados que se encontraban a las afueras del recinto.
Incertidumbre y rumores de motín
Por consiguiente, la falta de información oficial alimentó rumores sobre traslados masivos o un posible motín. Testigos presenciales reportaron el ingreso de ambulancias a las inmediaciones de Yare III, lo que incrementó la angustia de las familias. Además, el OVP destacó que la desinformación es un factor recurrente que somete a los parientes a una «zozobra innecesaria», violando estándares internacionales de derechos humanos sobre el trato a los detenidos y sus vínculos familiares.
Agencias/OZ
