La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en sesión ordinaria, y en primera discusión, el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026. Tras este paso inicial, el instrumento legal será remitido a las comisiones correspondientes para la elaboración de los informes previos a su segunda y definitiva discusión.
La presentación del proyecto estuvo a cargo del diputado Ramón Lobo, quien detalló que el texto consta de seis artículos orientados a autorizar al Ejecutivo Nacional para la gestión, contratación y desembolso de recursos. De acuerdo con las cifras expuestas por el parlamentario, el monto contemplado para la contratación de proyectos y desembolsos asciende a aproximadamente 11.600.000 bolívares, mientras que la partida destinada al servicio de refinanciamiento o reestructuración de la deuda se ubica en 1.180.000 millones de bolívares.
Financiamiento para servicios públicos y actividad productiva
Durante su intervención, Lobo explicó que, además de los ingresos internos provenientes de la recaudación tributaria, dividendos y venta de bienes y servicios, el presupuesto nacional requiere de fuentes de financiamiento en mercados internos y externos. En este sentido, el legislador vinculó la presentación de esta ley con las gestiones de diplomacia económica encabezadas por la presidenta Delcy Rodríguez y con los procesos de acercamiento e instalación de mesas de trabajo con organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Asimismo, el diputado hizo referencia a las cifras recientes publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), señalando un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 7,24 % —acumulando 22 trimestres consecutivos de expansión— y un incremento superior al 6 % en el sector no petrolero.
Lobo destacó que las leyes de endeudamiento mantienen un enfoque hacia áreas estructurales para los servicios públicos y el aparato productivo, recordando que en la ley ordinaria del ejercicio en curso se destinó el 60 % de los recursos al sector de energía eléctrica y el 10 % al servicio de agua. Con este nuevo instrumento complementario, el Parlamento busca dotar al Ejecutivo de un marco legal para la captación y ejecución de fondos dirigidos a la infraestructura de servicios y la actividad económica del país.






