La Fiscalía de Paraguay ejecutó este domingo la incautación de una aeronave con matrícula estadounidense vinculada al Grupo Vásquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno bank, entidad financiera sometida a un proceso de liquidación por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) tras enfrentar graves problemas de solvencia.
De acuerdo con el Ministerio Público, el procedimiento se llevó a cabo mediante un allanamiento en los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, principal terminal aérea del país, situada en las inmediaciones de Asunción. La diligencia forma parte de la causa penal abierta por el vaciamiento financiero de la institución bancaria.
El agente fiscal Francisco Cabrera indicó en conferencia de prensa que el aparato será puesto a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para su administración judicial.
Estructura societaria y vínculos con la Conmebol
Según información difundida por medios locales, la aeronave corresponde a un jet ejecutivo modelo Gulfstream Aerospace G-IV, con número de serie 1260 y fabricado en Estados Unidos en 1995.
Cabrera explicó que el bien «pertenece a una empresa paraguaya que constituyó un fideicomiso en el extranjero», mecanismo legal mediante el cual se autorizaba la operación del jet a otra firma de capital nacional, cuyos nombres se mantienen bajo reserva en esta etapa de la investigación. Asimismo, el representante del Ministerio Público señaló que durante la inspección se hallaron registros documentales que evidencian múltiples alquileres del avión por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sin que por el momento se hayan divulgado mayores especificaciones sobre dichos contratos.
Crisis institucional y judicialización
La intervención de Ueno bank se originó el pasado 3 de noviembre por orden del BCP, medida que derivó en un procedimiento de liquidación y en la congelación de los fondos correspondientes a más de 2,94 millones de usuarios.
El impacto político e institucional de la quiebra escaló rápidamente hasta alcanzar al Poder Ejecutivo. El entonces presidente de la República, Santiago Peña, lo destituyeron el 6 de noviembre por el Senado tras un juicio político que lo encontró culpable de mal desempeño de funciones, y lo detuvieron horas más tarde.
Paralelamente, la investigación penal ha alcanzado a las altas esferas del sistema financiero. La Fiscalía ordenó la captura de los cinco integrantes del directorio del BCP —incluyendo al expresidente del ente emisor, Carlos Carvallo—, así como la del empresario Miguel Vásquez, considerado uno de los propietarios del banco, y de otros siete exdirectivos, bajo cargos de presunta integración de un grupo criminal.






