La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en sesión ordinaria el proyecto de ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, un marco normativo que introduce la participación del sector privado en la autogeneración y suministro a grandes consumidores, al tiempo que establece un riguroso régimen de penalizaciones y control fiscal.
El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, detalló que el instrumento legal surge tras un proceso de consulta con prestadores de servicio, trabajadores del sector eléctrico y usuarios. «Se permite la incorporación de la prestación privada del servicio; es decir, que pueda darse la autogeneración, que un privado genere electricidad y pueda proporcionarla, a cambio de una tarifa establecida, a empresas, industrias y centros comerciales», explicó.
Claves de la nueva normativa
- Autogeneración y grandes consumidores: Los actores privados podrán instalar plantas, importar electricidad de países vecinos y suministrar energía principalmente a industrias y centros comerciales para robustecer la oferta nacional.
- Superintendencia especializada: Se crea un ente de control encargado de regular la prestación del servicio, la autogeneración y el esquema de tarifas, garantizando la protección de la red de distribución pública.
- Esquema tarifario e indexación: Las tarifas estarán indexadas al tipo de valor oficial de mayor denominación del Banco Central de Venezuela (BCV), incorporando subsidios focalizados para sectores vulnerables.
- Armonización tributaria: Los municipios no podrán gravar el tránsito de electricidad en alta tensión, la capacidad de generación ni los peajes de transmisión. Se prevén incentivos fiscales y exoneraciones temporales dictadas por el Ejecutivo nacional para promover la expansión y sostenibilidad del sistema.
Régimen de sanciones y penalizaciones
La legislación contempla un estricto esquema de sanciones proporcionales al tipo de cambio oficial del BCV para distintos actores:
- Autogeneradores: Enfrentan multas de entre 1.000 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial por incumplir instrucciones de emergencia o suministrar energía en condiciones irregulares. Aquellos con capacidad superior a 2 megavatios que nieguen el suministro en estados de excepción sufrirán la revocatoria de su habilitación administrativa.
- Usuarios: Se establecen multas escalonadas (desde 50 hasta 50.000 veces el tipo de cambio oficial) por conexiones no autorizadas, alteración de medidores, reventa de energía sin permiso o incumplimiento de planes de uso eficiente. Asimismo, el hurto de equipos e instalaciones eléctricas con fines de lucro lo castigarán con penas de prisión de dos a cinco años.
- Empresas operadoras: Podrán ser sancionadas con hasta el 2% de sus ingresos brutos anuales ante el incumplimiento de normativas de calidad, cobros irregulares, negativa a inspecciones o interrupciones injustificadas del servicio.
