Por segunda ocasión consecutiva, la Asamblea Nacional (AN) optó por suspender la discusión definitiva del proyecto de reforma de la Ley del Servicio Eléctrico, un marco normativo estratégico diseñado para fomentar la participación de la inversión privada y mitigar la compleja crisis energética que afecta al país.
La solicitud de aplazamiento fue presentada por el diputado Pedro Carreño, quien indicó que el poder legislativo ha alcanzado avances significativos tras evaluar gran parte de los más de 20 artículos que conforman la propuesta. Se espera que el análisis técnico del articulado se reinicie durante las próximas sesiones ordinarias de la cámara.
Hacia un nuevo modelo de regulación y control energético
El proyecto legislativo tiene como fin primordial establecer las normas para la prestación del servicio eléctrico a escala nacional, abarcando la regulación de los intercambios internacionales de energía en las etapas de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización.
Según el documento presentado en el hemiciclo, el objetivo principal de la iniciativa es garantizar el acceso universal a un suministro eléctrico constante, seguro y de óptima calidad, considerado un pilar fundamental para reactivar el desarrollo socioeconómico y consolidar un sistema transparente y sostenible.
Un contexto marcado por la profundización de los apagones
Esta postergación legislativa se produce en un escenario de creciente inestabilidad en el suministro eléctrico y constantes interrupciones del servicio en diversas regiones del territorio nacional. Esta problemática, arrastrada desde hace más de diez años, ha provocado un incremento en las protestas sociales durante el último período.
Mientras que diversos especialistas y sectores opositores adjudican el deterioro del sistema a la falta de inversión, el mantenimiento deficiente y presuntos hechos de corrupción, el Ejecutivo nacional atribuye las deficiencias a las sanciones internacionales, factores climáticos adversos y supuestas acciones de sabotaje.
No obstante los retrasos en el debate parlamentario, el alto mando del Ejecutivo ha reiterado que la promulgación de este nuevo marco legal se concretará antes de concluir el año, como parte de las acciones prioritarias para estabilizar el sector eléctrico nacional.
