Una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles sacudió este lunes diversos institutos de secundaria en Francia, afectando a un total de 413 centros educativos debido a bloqueos, protestas y altercados. Las principales reivindicaciones de los manifestantes se centran en la escasez de profesores sustitutos, el deterioro de las infraestructuras escolares y las condiciones generales de enseñanza.
Aunque la cifra global representa un descenso del 27 % en comparación con los 564 centros afectados el pasado viernes y del 32 % frente a los 610 registrados el jueves, las autoridades gubernamentales advirtieron sobre un fenómeno preocupante: el 40 % de los establecimientos afectados en esta jornada no habían registrado protestas previas, lo que sugiere una estrategia deliberada para expandir el movimiento a nuevas instituciones.
Incidentes y detenciones
Las protestas han estado marcadas en varios puntos del país —como París y Toulouse— por bloqueos de accesos, incendios, daños materiales y enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.
En el ámbito judicial, la Fiscalía prolongó este lunes la detención de un estudiante de 16 años, sospechoso de rociar con gasolina a un docente durante una manifestación celebrada el viernes en La Ciotat. Asimismo, en Aix-en-Provence, un menor de 17 años sin antecedentes penales fue arrestado por su presunta implicación en los disturbios del jueves, tras ser acusado de lanzar una piedra que impactó en el ojo a una transeúnte de unos 50 años, provocándole la pérdida irreversible del órgano visual.
Crece la tensión política y social
Las movilizaciones, iniciadas a mediados de septiembre en la periferia parisina, han escalado en intensidad. El balance oficial de las autoridades contabiliza aproximadamente 5.000 detenciones desde el inicio de las protestas —de las cuales un 85 % corresponden a menores de edad—, además de 24 centros dañados o incendiados y 78 trabajadores de la enseñanza heridos.
El Ejecutivo galo afronta una creciente presión ante las convocatorias de nuevas marchas previstas para este martes, con el temor de que el conflicto se propague con mayor intensidad al ámbito universitario, donde más de treinta facultades ya se vieron afectadas la semana pasada. Como respuesta legislativa, el Gobierno anunció que presentará el próximo 27 de octubre un proyecto de ley para endurecer las sanciones y obligar a los causantes de daños en manifestaciones violentas a asumir su responsabilidad económica y penal.
Por su parte, sindicatos y organizaciones sociales han reprochado al Ejecutivo el uso de una fuerza policial excesiva para reprimir demandas que consideran legítimas. La Liga de Derechos Humanos ha manifestado su inquietud ante lo que califica como una deriva preocupante para el Estado de derecho, mientras que desde el Gobierno se atribuye la escalada de tensiones a motivaciones electoralistas por parte de la formación izquierdista La Francia Insumisa, a seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
